Hoy en día, la diabetes mellitus es una causa importante de discapacidad y muerte en prácticamente todos los países de las Américas, afectando desproporcionadamente la economía y los presupuestos de atención de la salud y la calidad de vida de los individuos, sus familias y sus comunidades. Después de la pandemia del COVID-19, la cifra de diabetes ha superado los 500 millones, con una mayor mortalidad tanto en los afectados por la pandemia como por los que no tuvieron la infección, aún cuando las cifras calculadas y proyectadas por la IDF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) pueden haberse quedado cortas en las proyecciones.
En América del Sur y Central se calcula más de 30 millones de personas con diabetes con una proyección de 50 millones para 2040, siendo una de las regiones más afectadas por su condición socioeconómica. La epidemia de COVID-19 desnudó completamente la falencia de nuestros sistemas sanitarios con un colapso hospitalario y un frágil nivel primario de atención en salud. En la región de Las Américas, la diabetes ocupa el primer lugar como causa de ceguera, amputaciones no traumáticas e insuficiencia renal. También, la frecuencia de ataques cardiacos y de accidentes cerebro vasculares es el triple en personas con diabetes que en la población sin diabetes detalló una investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
En el Perú, la diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas y 4 millones se encuentran además en la etapa de prediabetes, según el estudio PERUDIAB en 2017. Según datos del Ministerio de Salud, es la décima causa de mortalidad en el Perú, pero es evidente un subregistro ya que la mortalidad cardiovascular es causada también por diabetes como demostraron los datos del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF) durante la pandemia de COVID-19.
La tendencia es creciente y la prueba más palpable es que la demanda de pacientes con diabetes es alta en la consulta externa, hospitalización, emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los principales hospitales del país. Además, cabe mencionar que los costos directos e indirectos que implican el tratamiento y atención de diabetes mellitus son elevados y se recargan sobre todo como gastos en salud provenientes del presupuesto de la familia.
Actualmente se ha conformado una Mesa de Diálogo en la que participan asociaciones de pacientes, sociedades científicas y MINSA, en donde se ha elaborado el Reglamento de la Ley 30867 y la guía de práctica clínica para personas con DM1. De aprobarse este reglamento, estaríamos ante una norma muy avanzada para la salud pública de nuestro país, ya que incluye un Programa Nacional De Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes (PRONPADIAB) y un listado de medicamentos orales e inyectables como las insulinas análogas y dispositivos para el control de la diabetes como los glucómetros, tiras reactivas y medidores continuos de glucosa.
Recientemente ha sido actualizada en Argentina una norma similar a éste reglamento de la Ley 30867 y esperamos que las autoridades del MINSA y el Consejo de Ministros (PCM), aprueben ésta norma y oigan el clamor de los 6 millones de peruanos entre hombres, mujeres y niños, que esperan desde hace 17 años que el sector público atienda sus demandas y así evitar las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes que son una carga social y económica para nuestro país y un gran problema de salud pública.
